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Persona con discapacidad accediendo a una playa |
En
diciembre de este año pasado fue presentado el Informe Olivenza 2016,
sobre la situación y evolución de la discapacidad en España. Consta de 703
páginas, coordinado por Antonio Jiménez Lara y Agustín
Huete García y editado por el Observatorio Estatal de
la Discapacidad.
Aborda
los siguientes contenidos:
- Cambios
en el marco normativo de la discapacidad.
- Medición
estadística, análisis demográfico e inclusión social de la discapacidad a
partir de diversas fuentes.
- Mercado
laboral y discapacidad.
- Gasto
de las Administraciones públicas en discapacidad.
- Discapacidad
y uso de TIC.
Ya
le dedicamos un artículo en esta bitácora al citado informe referido al uso
de las TIC en el campo de la discapacidad. En esta ocasión queremos detenernos
en el apartado Gasto de las administraciones públicas en discapacidad.
La
excusa de la crisis ha servido, no solo para llevar a la Educación y la Sanidad
a niveles del siglo pasado, sino que uno de los sectores peor parados ha sido
el de la Discapacidad; pues además de afectarle muy directamente en el plano sanitario y educativo le afecta en el plano asistencial. Basta con leer las noticias de los periódicos, en
donde, por supuesto, solo se refleja una parte, para hacerse una idea de la
situación.
En
el Informe se reconoce la dificultad para obtener de las diferentes comunidades
autónomas los datos referidos a las partidas presupuestarias y el esfuerzo
realizado por ellas en el gasto en discapacidad.
No
vamos a ofrecer una estadística exhaustiva; para eso, estimados lectores,
pueden acudir al informe completo. Mostramos algunos ejemplos, algunos de ellos
producen verdadero sonrojo. No existe ninguna relación entre la riqueza de la
comunidad autónoma y la partida destinada a gasto en discapacidad.
|
2015
|
2014
|
Comunidad
|
Porcentaje del presupuesto
|
Importe en euros por persona
|
Porcentaje del presupuesto
|
Importe en euros por persona
|
Andalucía
|
0,78
|
496,71
|
0,92
|
650,53
|
Aragón
|
1,49
|
929,60
|
1,79
|
1.216,65
|
Baleares
|
0,15
|
127,10
|
0,18
|
150,33
|
Cantabria
|
0,36
|
211,28
|
0,27
|
169,58
|
Cataluña
|
1,29
|
848,94
|
1,17
|
988,03
|
Galicia
|
1,21
|
918,98
|
1,25
|
786,52
|
Madrid
|
1,28
|
985,85
|
1,35
|
1.247,57
|
País
Vasco
|
1,99
|
1.367,76
|
1,87
|
1.481,08
|
Rioja
|
1,54
|
1.081,86
|
0,69
|
463,65
|
Tabla: Elaboración
a partir de los datos del informe que se menciona.
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Es
triste comprobar el raquítico esfuerzo
que hacen algunas comunidades autónomas y que no coinciden, precisamente, con
las más pobres. Así a los políticos de Baleares les pareció mucho el 0,18% del
presupuesto que dedicaron a las personas con discapacidad en 2014 que en 2015 dedicaron el escalofriante porcentaje del 0,15%
(siempre según el informe citado). Por el contrario el País Vasco dedica el
1,99%.
En
cuanto a la política estatal de gasto en discapacidad es difícil de analizar en
cuanto que se diluye en diferentes tipos de actuaciones. Destacamos el
porcentaje (7,10) de los beneficios
fiscales en servicios sociales y
promoción social que le corresponde a las personas con discapacidad, lo que
supone 244.021.320 €.
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