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El 25 de octubre fue publicado un estudio
encargado por el Consorcio Europeo de Fundaciones para los Derechos Humanos y
Discapacidad del Centro Europeo de Fundaciones, del que forma parte la
Fundación ONCE. Este estudio Evaluación del impacto de los planes de
austeridad de los gobiernos europeos en los derechos de las personas con
discapacidad. Principales conclusiones pone de relieve que los 80
millones de discapacitados europeos corren un serio riesgo de caer en la
pobreza, en la exclusión social y en la discriminación como consecuencia de las
medidas de austeridad adoptadas por los gobiernos europeos.
Estos planes de austeridad, ajustes
presupuestarios o recortes como los llamamos los que nos referimos a las cosas
por su verdadero nombre, están abocando a millones de personas a la pérdida de
su trabajo, de ayudas y de servicios sociales, muchas veces fundamentales. Las
decisiones políticas están minando los derechos fundamentales tanto civiles,
políticos, sociales y económicos de las personas con discapacidad", según
Miguel Ángel Cabra de Luna, co-presidente del Consorcio Europeo de Fundaciones
sobre Derechos Humanos y Personas con Discapacidad. La ratio de pobreza aumentó
entre el año 2008 y el 2010 en España hasta el11, 35%. El documento, que se
presentó en el Parlamento Europeo, advierte que existe una creciente tendencia
a privatizar los servicios sociales en Grecia, Hungría, Irlanda, Portugal y
Rumanía; obsérvese la coincidencia de algunos de los países donde esto se lleva
a cabo con los “rescates”.
Vamos a citar algunas de las conclusiones del
estudio:
- Con la reducción del gasto en asistencia
social y los servicios sociales por parte de algunos Estados miembros, un
número creciente de las personas con discapacidad están perdiendo sus puestos
de trabajo, ayuda a los ingresos y el acceso a servicios y recursos.
- Con la excepción de unos pocos estados
miembros, la participación de las personas con discapacidad en el mercado
laboral ha disminuido en la Unión Europea desde el inicio de la llamada crisis
económica.
- Las personas con discapacidad tienen más de
un 25% de oportunidad de estar en riesgo de pobreza en Bulgaria, Chipre,
Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia, Lituania, Portugal, Eslovenia, España y
Reino Unido.
- En España, la deuda pública de la administración
hacia las organizaciones de discapacitados ha puesto en peligro los servicios
sociales a las personas con discapacidad. Además, los bancos han disminuido la
financiación de instalaciones.
- La falta de recursos suficiente ha dado como
resultado el aplazamiento de las acciones en una serie de sectores. Las
autoridades locales de España han pospuesto la construcción de centros de
atención residencial, mientras que la aplicación de la ley titulada
"Promoción de la
Autonomía y Atención a
para las Personas en Situación de Dependencia” se retrasa.
- El aumento de la privatización de servicios:
Hay una tendencia cada vez mayor de la privatización o externalización de los
servicios sociales. Respecto a la educación inclusiva en España hay un aumento
de las remisiones a las escuelas segregadas.
- Relacionados
con los pagos de seguridad social y beneficios en especie se han reducido a
través de cortes directos y mediante una serie de mecanismos indirectos, que
dan como resultado reducciones de facto en el valor de los pagos.
- En España, los costes farmacéuticos de más de
un cierto límite han pasado a ser co-pagados por el paciente hasta al 50%. Hay es
una incapacidad cada vez mayor por parte de las familias para asumir los costos
de los cuidados necesarios
a través de los ingresos privados.
- En España ha tenido lugar un endurecimiento en
la concesión de derechos a los beneficios para personas dependientes con
discapacidad leve.
- Las organizaciones representativas de las
personas con discapacidad,
que son un mecanismo importante para lograr una mayor participación de las personas
con discapacidad en la vida pública y política, se han debilitado como
consecuencia de las medidas de austeridad en algunos países.
- La evidencia muestra que las medidas de austeridad
están afectando
al derecho a la movilidad de las personas y a vivir de forma independiente.
- Los objetivos relacionados con la
identificación de necesidades educativas y la práctica del aprendizaje
personalizado se han visto muy perjudicados en los países donde más ha golpeado
la crisis.
- Existe amplia evidencia de que el empleo de
las personas con discapacidad se ha visto negativamente afectado por la crisis
económica. Reducciones considerables fueron identificadas en los servicios de
empleo estatales en que las personas destinatarias portaban discapacidad.
En general, el documento es bastante negativo e
incide en la tendencia a la baja de todos los indicadores que supongan
bienestar para las personas con discapacidad.
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