La Educación Inclusiva implica que los niños y los jóvenes con necesidades educativas especiales deben incluirse en los planes educativos elaborados para la mayoría de los niños. Las escuelas inclusivas deben reconocer y responder a las diversas necesidades de los alumnos, los ajustes razonables tanto de los estilos y ritmos de aprendizaje diferentes y garantizar una educación de calidad para todos a través de los programas de estudio apropiados, las modalidades de organización, las estrategias de enseñanza, la utilización de los recursos y la colaboración con sus comunidades.
(UNESCO – Declaración de Salamanca, 1994)
El párrafo anterior corresponde a la Declaración de Salamanca sobre Educación Inclusiva, realizada hace 15 años. ¿Se ha avanzado algo? Las familias reunidas con profesionales en la misma ciudad en noviembre de 2009 afirmaron que el desafío con que nos enfrentamos ya no estriba en que los gobiernos acepten que la Educación Inclusiva es lo que hay que hacer, sino en ponerse de acuerdo sobre la imagen que la Educación Inclusiva debe tener, qué estamos entendiendo por Educación Inclusiva.
En el informe Mejor Educación para Todos, cuando se nos incluya también. Las Personas con Discapacidad Intelectual y sus Familias Hablan sobre la Educación para Todos, Discapacidad y Educación Inclusiva, que en España ha promovido y publicado el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca, propone una serie de medidas para que el sistema educativo ordinario cumpla una serie de principios para hacer realidad una Educación Inclusiva verdadera. En España las acciones encaminadas a hacer realidad una educación basada en algunos de estos principios, ni siquiera se han iniciado. Estos principios son:
· La no discriminación,
· La accesibilidad,
· Las adaptaciones a las necesidades específicas a través de planteamientos flexibles y alternativos para el aprendizaje y la enseñanza,
· La igualdad de normas,
· La participación,
· Los apoyos necesarios para satisfacer las necesidades relacionadas con la discapacidad, y
· La importancia de la preparación para el mercado laboral.
Una educación avalada por estos principios supone verdaderos problemas para los gobiernos, sobre todo, por las inversiones que hay que realizar a lo que se une, coyunturalmente, las consecuencias de la crisis económica actual. Éste es el obstáculo más importante, pero no el único. Es indiscutible que cualquier reforma de un sistema educativo requiere una financiación acorde con los cambios que se quieren llevar a cabo; ahora bien, definir los cambios, los objetivos y las estrategias necesarias en primer lugar tendría que ser el resultado de un debate previo. Este debate no se ha realizado. No se trata de que los gobiernos se reúnan a nivel mundial bajo el paraguas de la pretendida globalización. En primer lugar tendría que producirse un movimiento a nivel local; al menos, un movimiento que recoja la necesidad de ese cambio. Sin embargo, si exceptuamos las acciones que llevan a cabo las asociaciones de familiares de personas con alguna discapacidad o con necesidades educativas severas, este movimiento tiene poca fuerza, si es que tiene existencia como tal. Quizás, los profesionales de la enseñanza, que es a lo que me estoy refiriendo, no consideren posible una educación inclusiva cuya materialización es complicada por varias razones.
Que en muchos lugares del mundo se ha logrado el derecho a una educación que incluya a las personas con discapacidad es indudable. A nivel estadístico resulta incuestionable, pero a nivel efectivo, es decir, a un nivel de inclusión con todas las consecuencias, con todos los recursos necesarios y con un verdadero convencimiento de que esa educación tiene que estar informada de los principios señalados, la realidad actual se halla a mucha distancia de ese ideal futurible. Refiriéndonos a España, en los últimos se han realizado movimientos, justamente, en el sentido contrario. Así por ejemplo:
· Se legisla restrictivamente a nivel autonómico de forma que se coarta la inclusión,
· Disminuyen los profesores de apoyo en los centros,
· No se aumenta o disminuye la inversión,
· No se desarrollan o se fomentan proyectos tendentes a dar impulso a la educación inclusiva,
· En los procesos de planificación y de toma de decisiones que conciernen a la educación inclusiva no intervienen los profesionales que la llevan a cabo, provocando falta de implicación de estos en su desarrollo,
· No se forma y se incentiva al profesorado en ejercicio para retos para los que no se prepararon inicialmente respecto de su desempeño profesional y su papel para conseguir una verdadera educación inclusiva.
En diciembre de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), en el artículo 24 garantiza el derecho a una Educación Inclusiva en el derecho internacional. Más de 70 países han ratificado esta Convención, entre ellos España; sin embargo cuando se habla de un Pacto Educativo de Estado, entre los posibles puntos que tienen que ser objeto de acuerdo no está el de la Educación Inclusiva.
Si cuando hablamos de educación inclusiva no estamos trascendiendo más allá de la mera retórica, simplemente estamos haciendo promesas vanas para quedar bien. Hace falta que se tomen medidas para hacer efectiva una escuela eficaz para todos procurando:
· Mejorar los procesos relacionados con el diagnóstico y la identificación de las personas con discapacidad y/o necesidades educativas severas desde edades tempranas,
· Mejorar el proceso de intervención de los profesionales en la atención a la diversidad con nuevas formas y proyectos para formar al profesorado en ejercicio,
· Vincular reformas o nuevos planes educativos con soluciones financieras,
· Garantizar la accesibilidad de los edificios y la usabilidad de apoyos y servicios,
· Fortalecer políticas sociales para que las personas discapacitadas y sus familias no estén próximas a la exclusión social y fomentar, al mismo tiempo, la visibilidad de estas personas,
· La planificación, financiamiento, aplicación y supervisión del sistema educativo deben considerar siempre medidas inclusivas,
· Vencer la labilidad política para acometer avances y sistematizar los procesos, y
· Exigir de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y a sus iniciativas como PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes), que reciben apoyo público, tengan en cuenta que la educación es para todos y que la medida de la eficacia de un sistema educativo no puede basarse en el sesgo que la aplicación de pruebas estandarizadas supone en la culpa de los resultados.
Estas medidas se pueden considerar como medidas de carácter superestructural, a nivel más concreto habría que:
· Tener el compromiso de los implicados para que las escuelas sean verdaderamente inclusivas y funcionen,
· Dotar de los recursos humanos y materiales; dentro de los primeros proveer de los ayudantes técnicos educativos que sean necesarios y dentro de los segundos incluir el transporte adaptado; todo esto para garantizar una atención educativa de calidad, creando centros de recursos y de apoyo formativo para los profesores, gestionados por profesionales verdaderamente cualificados y especializados según las características de los niños a quienes se dirige su atención,
· Crear mecanismos de apoyo social y reconocimiento para las escuelas inclusivas eficaces,
· Exigir a los todos centros sostenidos con fondos públicos que gestionen planes educativos inclusivos,
· Escolarizar a los alumnos en los centros próximos a su hogar y no fomentar la escolarización en centros de escolarización preferente para determinadas discapacidades, propiciando así nuevas formas de segregación,
· Olvidar en los centros los grupos homogéneos y gestionar pedagógicamente los centros flexibilizando el currículo y considerando lo diferente como un valor y no un defecto,
· Premiar a los centros que escolaricen alumnos con discapacidad o se signifiquen por una buena práctica educativa integrando a todos los alumnos,
· Fomentar entornos inclusivos, no sólo considerando las barreras físicas, sino todas aquellas barreras mentales a la inclusión como son: una educación no adaptada a la diversidad, políticas organizativas rígidas, organización del centro y del aula que impiden la participación de las personas con discapacidad y procurando que no se produzca una brecha digital para estas personas.
El Artículo 24 de la Convención , ya mencionada, se refiere específicamente a la educación y obliga a los gobiernos a:
· Proporcionar educación a los niños, jóvenes y adultos con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas; y
· Proporcionar la educación dentro de un sistema educativo inclusivo.
El Artículo 24 de la Convención obliga a los estados a “reconocer el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de toda la vida…”
Referencias:
La puerta a la educación para todos debe ser una puerta por donde quepamos todos. Tal vez todo el texto anterior quede resumido en la moraleja de este vídeo. Se trata de un montaje audiovisual sobre el libro ¿infantil? "Por cuatro esquinitas de nada" del gran Jérôme Ruillier.
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